Se realizó una Jornada de análisis sobre la normativa vigente en la Argentina respecto de los mecanismos de protección en materia de creaciones fitogenéticas y avances biotecnológicos en vegetales.
El Seminario titulado “Patentes, Contratos entre privados y Propiedad Intelectual: Elementos Centrales para una Política Pública”, organizado por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos y la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (CASEM), buscó aclarar la normativa vigente no sólo los mecanismos de protección en materia de creaciones fitogenéticas y avances biotecnológicos en vegetales, sino también, cómo pueden afectar los cambios que se produzcan en el derecho vigente respecto de la cadena productiva de la semilla.
Durante la apertura del encuentro realizado en la sede de la Bolsa entrerriana, su Presidente Sr. Federico Solari resaltó sobre la importancia de la simiente como primer eslabón de la producción primaria y de la cadena agroalimentaria; para continuar con el Ing. Agr. Raúl Pagnoni, titular de CASEM, quien resaltó que la entidad trabaja en pos de “un mercado de semillas más justo, con igualdad de oportunidades para todos los actores del sistema sin importar el tamaño económico”.
En ese sentido, manifestó que es prioritario regularizar la cadena de la semilla y elevar el uso de la semilla legal a no menos del 90% de las bolsas que se utilizan en cada campaña. Al momento de hablar sobre los Criaderos (obtentores), propuso que “los mismos perciban una regalía única e integral y en la bolsa, regalías que deben comenzar y terminar en la semilla. Los Criaderos deben tener libre acceso a los eventos biotecnológicos que se inscriban, en la medida que cumplan la normativa y requisitos legales vigentes; pero también deben asegurar a los semilleros multiplicadores la libre disponibilidad de las variedades que pongan en comercialización y ofrecer la novedad de sus creaciones”.
En el caso de las empresas productoras de biotecnología, Pagnoni apuntó que “deben respetar disposiciones nacionales en la materia” y solicitó que debe existir una metodología clara por parte de las empresas que obtengan patentes en la Argentina por invenciones biotecnológicas, que permita que el cobro de regalías a los criaderos que utilicen dichos adelantos tecnológicos sea justa, equitativa y razonable.
Sobre el rol de los semilleros multiplicadores, Pagnoni pidió que se les asegure el acceso a los cultivares que estos requieran y los insto a colaborar con los criaderos en la búsqueda de un mercado formal que además les permitirá incrementar el cobro de las regalías. El titular de CASEM dijo que los semilleros multiplicadores “deben hacer un esfuerzo para mejorar su performance productiva par la obtención de semillas de calidad e identidad varietal asegurada”.
CASEM entiende que el productor agropecuario tiene “derecho al uso propio limitado”, el que podría ser medido hasta una unidad económica agropecuaria que estimamos debería comprender en la zona núcleo a aquellos que trabajen en propiedad o alquiler una cantidad no superior a las 200 hectáreas” señaló Pagnoni.
Finalmente, Pagnoni instó que el Estado, “a través del INASE, debe fiscalizar y regular todo el proceso productivo de la semilla, incorporando para este fin la participación de todos los actores. Debe ser el único organismo autorizado para dicho objetivo y solo deberá establecer convenios de fiscalización y control con Colegios de profesionales de la agronomía, nacionales o provinciales, ministerios provinciales”.
Con un destacado panel de oradores, el primer eje de importancia abordado durante el encuentro se refirió a “Políticas Públicas en Semillas” a cargo de Edgardo Grünfeld, director nacional de Relaciones con Provincias, Municipios y ONGs, quien participó en representación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. El funcionario hizo hincapié sobre las variables y criterios para orientar políticas públicas en la cadena de semillas; y mejoramiento de los semilleros multiplicadores. Asimismo señaló que desde el Ministerio “saludamos positivamente este tipo de iniciativas”, ya que es “mucho lo que se está discutiendo sobre esta temática, pero no alcanza con tener la visión de los referentes. Necesitamos que las entidades tengan mayor participación, hay muchos actores que deben ser sumados”.
Por su parte, el Dr. Salvador Bergel, experto en Propiedad Intelectual, y el Dr. Rafael Pérez Miranda abordaron sobre “Patentes en Biotecnología y Contratos Privados”, donde profundizaron sobre la propiedad Intelectual en el Agro a nivel Internacional, los contratos entre privados que estipulan el uso de eventos biotecnológicos.
“Contratos y Derechos del Obtentor” fue el eje abordado por el especialista en derecho agrario Dr. Aldo Casella, quien resaltó que determinados contratos entre privados, no solamente tienen por objeto o afectan la semilla, sino en algunos casos, también la disposición misma del producto y consideró que “son verdaderos programas de comando de la cadena en toda su extensión”.
“Tratan de vincular de una manera coordinada a todos los actores de la producción. La agenda debe ser instar a las políticas públicas a evitar situaciones de monopolios, aún respetando la lógica de expectativas de ganancias del que introduce innovaciones” señaló el Dr. Casella.
El Dr. Salvador Bergel resaltó que “todo lo que se vincula con la semilla, el germoplasma es de interés público nacional. El especialista en derecho comercial y de la propiedad industrial, biotecnología y bioética resaltó que “un país que consigue la mayoría de sus divisas de la agricultura no lo puede dejar librado al interés privado”, al tiempo que insistió con un debate público para discutir una nueva ley de semillas.
Legalidad del desarrollo biotecnológico
El Dr. Arturo Maderna (asesor letrado de CASEM), quien actuó como moderador de la Jornada, introdujo a los presentes sobre el proceso de globalización que han adquirido los derechos del obtentor de variedades vegetales al igual que toda la doctrina y normativa de los derechos de propiedad intelectual mencionando lo tratado y discutido en los distintos foros internacionales.
Al momento de evaluar la Ley de Semillas vigente, Maderna resaltó que “la ley como está tiene principios bastante vigentes, pero es una ley del año 1973 y ya han pasado muchos años por lo que se debería modernizar. Hubo numerosos intentos de modificarla en los últimos diez años, e incluso como Cámara hace tiempo que bregamos por la regularización del mercado de la semilla, por lo que presentamos un proyecto de Ley que si bien fue presentado a muchos bloques políticos e ingresó al Congreso Nacional, nunca tuvo estado parlamentario”.
Hay distintos aspectos de la Ley que han tratado de modificarse, entre los más conocidos se encuentra la limitación del uso propio del agricultor. El especialista comentó que desde la Cámara se considera que “habría que limitar el uso propio pero no hacerlo desaparecer como derecho, ya que ese derecho tiene que existir como existe en muchas legislaciones en el mundo, es decir que el agricultor pueda reservarse semillas y utilizarla en la próxima campaña en función de las hectáreas que trabaje a terceros y la que posea en propiedad”.
Al momento de explicar acerca del desarrollo biotecnológico a nivel nacional, el asesor letrado destacó algunos trabajos desarrollados por la Universidad Nacional del Litoral, aunque “hoy la mayor parte de la genética proviene de empresas multinacionales. Entonces, pensando a futuro y teniendo en cuenta las inversiones que se debe hacer, el Estado debería involucrarse mediante políticas estatales. De todos modos, entendemos que la biotecnología avanza al igual que las telecomunicaciones, minuto a minuto. Por lo que en este tipo de jornada queremos explicitar que estamos a favor de la biotecnología, pero también a favor de que el Estado en su rol de contralor pueda proteger a los sectores que forman parte del mercado de semillas”.
La BolsaCER junto a la Casem acordaron en 2014 trabajar en pos de generar acciones eficaces para promover el mejoramiento de la calidad de los semilleros dentro del sector agropecuario.
